Bogotá, 22 de enero de 2025. La Red de Veedurías de Colombia presentó una denuncia penal contra Urbaser Colombia S.A. E.S.P., una de las principales empresas responsables de la operación de rellenos sanitarios en el país, señalando graves afectaciones ambientales y sociales. La acción legal también solicita medida de aseguramiento contra el actual gerente general, Pablo Felipe Arango, y el anterior, Humberto Rodríguez Cobo.

Detalles de la denuncia

Según la Red de Veedurías, la empresa opera rellenos sanitarios en al menos seis ciudades:

  • Loma Grande en Montería
  • Ecoambiental Activa de Colombia en Caucasia (Antioquia)
  • La Piragua en Tunja
  • Los Picachos en Popayán
  • Andalucía en el Quindío
  • Aseo Soacha en Cundinamarca

Los delitos imputados incluyen:

  • Contaminación ambiental
  • Daño al medio ambiente
  • Fraude procesal
  • Incumplimiento de resoluciones judiciales

Impacto ambiental denunciado

La Red de Veedurías destacó irregularidades graves en la gestión de lixiviados (aguas negras) que han contaminado cuencas hídricas, ríos y afluentes, afectando:

  • Zonas ganaderas y cultivos
  • Resguardos indígenas en Córdoba
  • Salud y calidad de vida de comunidades vulnerables

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, señaló que múltiples decisiones de autoridades judiciales, ambientales y administrativas han evidenciado el manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de Urbaser, sin que estas se hayan cumplido cabalmente.

Solicitudes de la Red de Veedurías

  1. Priorización de la investigación: Se insta a la Fiscalía General de la Nación a actuar con celeridad ante lo que califican como una “catástrofe ambiental”.
  2. Medidas de aseguramiento: Se busca garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
  3. Representación de las víctimas: De no proceder la solicitud inicial, la Red representará a comunidades indígenas y usuarios vulnerables afectados.

Conclusión

Este caso subraya la urgente necesidad de reforzar la supervisión ambiental y garantizar la responsabilidad de las empresas que gestionan servicios esenciales, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad social y ecológica.