A pesar de la magnitud del contrato por 329 mil millones de pesos, adjudicado por el Fondo Único de las TIC en julio de 2024, su ejecución enfrenta serios problemas. Ninguno de los siete adjudicatarios ha presentado los informes mensuales requeridos, los cuales deberían cargarse ocho días después de cada corte.
Según información disponible en el SECOP, no hay inscritos en estos «modernos cursos» bajo la modalidad de bootcamps, lo que evidencia una preocupante falta de avances.
Supervisión en duda
Ni el Ministerio de las TIC, liderado por Mauricio Lizcano, ni la Secretaría General del Ministerio, Lina Paola Vacca Salinas, experta en contratación, parecen estar al tanto del incumplimiento. Esta situación pone en tela de juicio la capacidad de supervisión de los responsables del contrato.
El contrato LP-003-2024, uno de los procesos contractuales más grandes del Estado, busca implementar habilidades digitales mediante bootcamps, cursos virtuales intensivos. Sin embargo, está rodeado de irregularidades que generan preocupación.
La Unión Temporal Bootcamps Libret y sus antecedentes
La Unión Temporal Bootcamps Libret, adjudicataria de 77 mil millones de pesos, tiene como miembro principal a IU-Training, una empresa que participa con el 95% del contrato. Esta compañía, que enfrentaba problemas financieros, salió recientemente de un proceso de reorganización.
Además, su representante legal, Dairo de Jesús Rodríguez Bonilla, registra siete procesos judiciales en su contra, algunos por delitos contra la administración pública, incluyendo peculado. Por su parte, el representante legal suplente, Carlos Julio Parra Castro, acumula 18 procesos judiciales, relacionados con deudas económicas.
¿Criterios de selección en duda?
A pesar de estos antecedentes, el contrato fue adjudicado a una empresa cuyo patrimonio, 8 mil millones de pesos, es 9,6 veces inferior al valor total del contrato. Esto pone en duda los criterios de selección y la viabilidad financiera del proyecto.
¿Un proyecto al borde del colapso?
La falta de control y supervisión sobre este multimillonario contrato genera serias dudas sobre su correcta ejecución. Las responsabilidades y obligaciones parecen estar lejos de ser asumidas por las autoridades responsables, quienes han permitido que este proyecto clave para el país esté al borde del colapso.
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