La Procuraduría General de la Nación cerró oficialmente la investigación disciplinaria contra 24 personas vinculadas al proyecto Hidroituango. Esta decisión, tomada el 20 de diciembre de 2024, marca el fin de un proceso iniciado en 2018 tras la contingencia que afectó la megaobra en Antioquia.
El ente de control inició la indagación luego de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentara una queja en mayo de 2018. La investigación buscaba esclarecer posibles irregularidades en la expedición y modificación de la licencia ambiental, el manejo de la crisis y la omisión de información clave por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Los nombres
Entre los investigados estaban Sergio Fajardo y Luis Pérez, exgobernadores de Antioquia; Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez, miembros de la junta directiva de Hidroituango; y altos directivos de EPM como Juan Esteban Calle, Jorge Londoño De La Cuesta y José Gustavo Jiménez. También figuraban funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y directivos del proyecto.
#LaPapaCaliente La @PGN_COL termina y archiva definitivamente la investigación disciplinaria contra @FicoGutierrez, Jhon Maya y otros implicados por el caso por Hidroituango. pic.twitter.com/MVTnMNUkq9
— Antioquia Amanece (@antamanece) December 21, 2024
La Procuraduría, tras designar un procurador especial, recopiló pruebas, escuchó testimonios y realizó visitas al proyecto. Sin embargo, determinó que no había evidencia suficiente para atribuir responsabilidades disciplinarias a los investigados.
El proceso investigó presuntos incumplimientos en la supervisión del proyecto, fallas en las obligaciones ambientales y la ausencia de un plan de contingencia adecuado. La decisión de archivo también benefició a funcionarios como Claudia Victoria González Hernández y Rodrigo Suárez Castaño, exdirectores de la ANLA, y otros directivos relacionados con la obra.
La resolución cierra un capítulo crítico en torno a uno de los proyectos más emblemáticos y polémicos del país. Para los implicados, esta decisión representa el fin de años de incertidumbre jurídica, mientras que Hidroituango continúa siendo un tema central en el debate sobre infraestructura y sostenibilidad en Colombia.
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