Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, fue enviada este miércoles a la cárcel El Buen Pastor. La decisión se tomó tras su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación imputó a Ortiz los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, cargos que la exfuncionaria no aceptó al declararse inocente. Sin embargo, una jueza de garantías consideró que las pruebas son suficientes para justificar la medida de aseguramiento en su contra.
La jueza argumentó que Ortiz podría interferir en el desarrollo de la investigación. “La fiscalía demostró que la señora Sandra Ortiz tiene un profundo conocimiento de las instituciones, lo que le otorga capacidad para alterar pruebas o influir en testigos”, señaló durante la audiencia.
Uno de los elementos clave en la decisión fue el presunto borrado de conversaciones de WhatsApp entre Ortiz y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien está colaborando con las autoridades. Además, se cuestionó la posible manipulación de bitácoras de vehículos oficiales usados para transportar dinero ilícito.
Me parece muy bien que Sandra Ortiz vaya a la cárcel, pero hay varios sujetos que también esperamos que terminen allá 🫶🏻 pic.twitter.com/3Al0Lx4bUB
— El Minarca (@ElMinarca) December 18, 2024
Olmedo López
Según las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y del propio Pinilla, Ortiz habría entregado $3.000 millones al senador Iván Name Vásquez. Este dinero provenía de contratos de la UNGRD y supuestamente se destinaba al pago de coimas para asegurar apoyo legislativo a iniciativas del Ejecutivo.
La fiscal del caso indicó que Ortiz jugó un papel clave en la operación. Como consejera presidencial, habría organizado reuniones estratégicas para consolidar las relaciones entre los implicados. Entre ellas, un encuentro en septiembre de 2023 en las Residencias Tequendama, donde presentó a Name con Olmedo López.
En octubre de 2023, Ortiz presuntamente recibió dos maletas con $1.500 millones cada una, dinero que entregó en efectivo al senador Name. Los fondos tenían origen ilícito y estaban vinculados a contratos para la compra de carrotanques en La Guajira.
Con esta decisión judicial, Sandra Ortiz se convierte en la primera funcionaria de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro en enfrentar prisión preventiva. Mientras avanza el proceso, las autoridades investigan más ramificaciones del caso, que podría involucrar a otros altos cargos y congresistas.
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