Una reciente intervención de la Contraloría General de la República permitió poner en marcha seis nuevos pabellones carcelarios y habilitar 6 mil cupos adicionales para personas privadas de la libertad. La auditoría también permitió recuperar $175 mil millones destinados a infraestructura penitenciaria.
La Actuación Especial de Fiscalización, liderada por la Delegada para el Sector Justicia, abarcó la revisión de condiciones como hacinamiento, servicios básicos y alimentación en centros penitenciarios. Entre las cárceles auditadas están La Modelo (Bogotá), La Tramacúa (Valledupar), La Ternera (Cartagena), Palogordo (Girón) y El Bosque (Barranquilla).

Obras rescatadas

La auditoría permitió concluir proyectos paralizados y mejorar la infraestructura penitenciaria en distintas ciudades:
•El Pabellón N°6 en La Modelo (Bogotá) y el Pabellón N°11 en La Tramacúa (Valledupar).
•Nuevos pabellones en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
•Instalación de una planta eléctrica y mejoras en el sistema de acueducto en Barranquilla.
•Nuevas zonas de alimentación y alojamientos para guardias en Santa Marta y Cartagena.

Retos del sistema penitenciario

A pesar de estas mejoras, el informe de la Contraloría identificó 46 hallazgos, de los cuales 26 tienen posibles implicaciones disciplinarias, 11 podrían derivar en investigaciones fiscales por más de $5 mil millones y 12 fueron remitidos a otras entidades para su análisis.
La auditoría también abordó la negociación liderada por la Alcaldía de Bogotá para ceder predios a la Cárcel La Picota, un proyecto destinado a la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en la capital.

Impacto de las mejoras

Estas acciones representan un avance significativo en la lucha contra el hacinamiento carcelario en Colombia. Sin embargo, la Contraloría enfatizó que aún existen desafíos estructurales que deben ser resueltos para garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios.
La intervención refuerza la importancia de mantener una supervisión constante en el uso de recursos públicos para optimizar el sistema penitenciario y su operación.


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