Maria Isabelle, conocida en redes sociales como @unaatalaya, ha denunciado públicamente a USADOS AUTOLAND COLOMBIA por venderle un vehículo con el kilometraje adulterado. Según su relato, la empresa se ha negado a asumir responsabilidades pese a las evidencias presentadas.

En 2023, Maria Isabelle adquirió un Renault Stepway en la sede de Medellín del concesionario. El vehículo fue entregado con un registro de 54.000 kilómetros, según la documentación oficial de USADOS AUTOLAND. Sin embargo, tras presentar problemas mecánicos, descubrió que el carro realmente tenía 120.000 kilómetros, lo que explicaba las fallas.

Reclamaciones sin solución

Tras confirmar el kilometraje real, Maria Isabelle acudió al concesionario para exponer el caso. Sin embargo, la empresa no dio respuesta. Ante esta situación, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (@sicsuper), la cual fue admitida el 16 de agosto de 2024. Aunque el proceso sigue activo, los avances han sido mínimos.

Proceso de conciliación frustrado

En un intento por solucionar el problema, USADOS AUTOLAND ofreció inicialmente 46 millones de pesos como compensación, monto que luego redujo a 34 millones. Maria Isabelle explica que @sufi, el banco que financió el vehículo, aceptó esta cifra como pago total de la deuda. Según el banco, una vez recibido el dinero, se emitiría el paz y salvo que permitiría levantar la prenda del carro y transferirlo nuevamente al concesionario.

No obstante, USADOS AUTOLAND se negó a realizar el pago de los 34 millones hasta que la prenda fuera levantada, lo que dejaría toda la responsabilidad financiera en manos de Maria Isabelle. Esto, pese a que el banco confirmó que no puede levantar la prenda sin recibir el pago.

Preocupación por los consumidores

Este caso genera dudas sobre las prácticas comerciales de USADOS AUTOLAND COLOMBIA, que tiene presencia nacional con sedes en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Maria Isabelle se pregunta cuántos vehículos más podrían haber sido vendidos con kilometraje adulterado, afectando a otros compradores desprevenidos.

El caso expone la necesidad de mayor regulación en el mercado de vehículos usados y de mecanismos efectivos para proteger a los consumidores frente a posibles fraudes. La @sicsuper tiene el reto de investigar a fondo esta denuncia y garantizar que las empresas cumplan con estándares éticos y legales en sus operaciones.