El Gobierno colombiano, a través de Coljuegos, ha solicitado a Meta y al Centro Cibernético Policial el bloqueo de 289 perfiles en redes sociales, incluyendo los de influenciadores como La Liendra, Epa Colombia y Yeferson Cossio. Esta acción se fundamenta en la promoción de rifas y apuestas ilegales, como la plataforma 1XBet, que no cuentan con la autorización necesaria para operar en el país.
Según el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, estas actividades ilícitas generan una pérdida anual de aproximadamente 70.000 millones de pesos para el Estado, afectando directamente los recursos destinados a la salud pública. La solicitud de bloqueo se dirige específicamente a perfiles que han estado promoviendo casas de apuestas extranjeras y rifas sin licencia, lo cual va en contra de las regulaciones vigentes en Colombia.
Entre los influenciadores mencionados, se destaca:
- Epa Colombia (Daneidy Barrera Rojas): Conocida por sus productos para el cabello, su empresa ha sido señalada por promover apuestas no autorizadas.
- Yeferson Cossio: Un influencer que ha anunciado previamente su intención de renunciar a su nacionalidad colombiana por temas fiscales, también está involucrado.
- La Liendra (Carlos Mauricio Gómez): Otro nombre popular en las redes sociales, conocido por sus desafíos y contenido virales.
Además de estos, otros influenciadores como Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas TV, Karina García y Kymberly Vesga también están en la lista de cuentas a bloquear.
Coljuegos no solo busca el bloqueo de estas cuentas sino que también está llevando a cabo 35 procesos administrativos sancionatorios contra quienes han promovido estas actividades ilegales, y hay investigaciones en curso sobre 79 cuentas adicionales. La entidad ha emitido más de 7.600 órdenes de bloqueo contra sitios web que promueven apuestas ilegales, marcando un esfuerzo significativo para regular y controlar este sector.
La operación de juegos de azar sin autorización está penalizada por el artículo 312 del Código Penal colombiano, con sanciones que pueden llegar hasta 100 salarios mínimos legales vigentes. Esta medida refleja el compromiso del gobierno de Gustavo Petro en combatir las apuestas ilegales, asegurando que los juegos de suerte y azar se realicen de manera transparente y regulada.