La Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una Investigación Disciplinaria contra cuatro exfuncionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y un interventor externo, por presuntas fallas en la supervisión y planeación del contrato 3302-39 de 2020, relacionado con la construcción de obras preliminares para el Centro Intergeneracional Moscú en Medellín.

Detalles del contrato y presuntas irregularidades

El contrato fue firmado bajo la modalidad de precios unitarios, con un valor inicial de $436.179.470 y un plazo estimado de 60 días. Sin embargo, a lo largo de su ejecución se realizaron dos adiciones presupuestales que elevaron el costo total a $1.542.568.477, distribuidas de la siguiente manera:

  • Primera adición: $814.276.006.
  • Segunda adición: $292.116.001.

Además, el plazo inicial fue ampliado en cinco ocasiones, sumando un total de 259 días adicionales:

  1. Primera ampliación: 90 días.
  2. Segunda ampliación: 30 días.
  3. Tercera ampliación: 75 días.
  4. Cuarta ampliación: 19 días.
  5. Quinta ampliación: 45 días.

De acuerdo con la Personería, estas modificaciones habrían evidenciado ineficiencia en el control y falta de vigilancia por parte de la interventoría, así como deficiencias en la planeación por parte de los funcionarios responsables de la EDU.

Funcionarios implicados

Entre los investigados se encuentran:

  • Wilder Willer Echavarría Arango: Exgerente de la EDU.
  • Mónica Marcela Vélez, Carlos Mauricio Suárez Mullet y María Natalia Pantoja: Supervisores del contrato.
  • Juan Fernando Castro Beltrán: Interventor externo del contrato.

Próximos pasos en el proceso disciplinario

Tras la recolección de pruebas durante la etapa investigativa, el delegado instructor determinará si procede formular un pliego de cargos o archivar las diligencias. Esta decisión será tomada con base en los elementos de juicio recabados durante la investigación.

Contexto de las investigaciones

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la contratación pública, especialmente en proyectos de impacto social como el Centro Intergeneracional Moscú, que busca beneficiar a la comunidad.