El Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la anulación y suspensión del laudo arbitral que condena al país a pagar 379,8 millones de dólares a Telefónica S.A.

Según la ANDJE, el tribunal que emitió la decisión extralimitó sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente su resolución sobre responsabilidad y daños. El conflicto surgió bajo el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, que Telefónica invocó para demandar al Estado por presunto trato injusto y falta de equidad.

El caso se remonta a 2017, cuando Telefónica reembolsó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) una suma ordenada por un tribunal de arbitramento nacional. Sin embargo, el CIADI dictaminó que Colombia debía devolver esos recursos, lo que desencadenó el actual enfrentamiento legal.

El presidente Gustavo Petro calificó estas decisiones como perjudiciales para la soberanía del país y respaldó la actuación de la ANDJE. El recurso de anulación argumenta que el tribunal internacional actuó como una corte de apelación sobre fallos de la Corte Constitucional y resolvió asuntos contractuales que ya habían sido definidos en Colombia.

Adicionalmente, el Gobierno señaló que el tribunal ordenó pagar intereses por una demora atribuible a los propios árbitros, quienes tardaron más de tres años y medio en emitir su fallo final.

La petición de Colombia

Colombia pidió al CIADI suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que se conforme un comité ad hoc que evalúe el caso. También solicitó mantener la suspensión hasta que se emita una decisión definitiva sobre la anulación.

Durante un evento reciente, el presidente Petro criticó la situación, asegurando que “Telefónica se quedará gratuitamente con el último pedazo de Telecom”, refiriéndose a la empresa estatal adquirida por la multinacional en 2003.

La controversia refleja las tensiones entre el derecho internacional y las decisiones soberanas del país, abriendo un debate sobre el impacto de los tratados de inversión en los recursos públicos y la independencia judicial.

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