El Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó a Salvatore Mancuso y 45 exintegrantes del Bloque Catatumbo de las AUC por su responsabilidad en 1.323 crímenes cometidos en Norte de Santander entre 1999 y 2004.
Crímenes atribuidos al Bloque Catatumbo
La Fiscalía General de la Nación demostró que esta estructura ilegal ejecutó homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados bajo patrones de macrocriminalidad. Se acreditaron 568 homicidios, incluidos los perpetrados en masacres como las de Villa del Rosario, Tibú y El Tarra. También se documentaron 55 desapariciones forzadas, principalmente de civiles, y 700 casos de desplazamiento.
Los cabecillas del grupo dieron las órdenes que derivaron en crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestros, violaciones y amenazas. Las víctimas, en su mayoría civiles, fueron sometidas, señaladas de colaborar con otros grupos armados o instrumentalizadas para actividades ilegales.
Sentencias y reparaciones
Mancuso fue sentenciado a 480 meses de prisión, mientras que las penas para los demás condenados oscilan entre 240 y 480 meses. Adicionalmente, todos deberán cumplir la pena alternativa de 8 años establecida en la Ley de Justicia y Paz y pagar multas que alcanzan los 5.000 salarios mínimos.
El fallo también exige la reparación patrimonial a las víctimas por los daños morales y materiales causados. Esta decisión busca resarcir a las comunidades afectadas por las acciones delictivas del Bloque Catatumbo.
La @UnidadVictimas realizó en Cúcuta, #NorteDeSantander, el acto de dignificación de las víctimas reconocidas mediante la sentencia 2014-00027 (Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz), contra Salvatore Mancuso por delitos como homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. pic.twitter.com/b649bBzQoQ
— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) November 26, 2024
Impacto en las comunidades
Este caso evidencia el nivel de control y sometimiento que grupos armados ilegales ejercieron sobre la población civil en regiones afectadas por el conflicto. La sentencia constituye un paso hacia la justicia para las víctimas de estas atrocidades.
La condena reafirma el compromiso de las autoridades judiciales en Colombia para enfrentar la impunidad y ofrecer reparación integral a quienes sufrieron el impacto de la violencia sistemática.
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