El Consejo de Estado ordenó al Ejército indemnizar a 20 familiares de Edilberto Vásquez Cardona. La víctima, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue ejecutada en un falso positivo el 12 de enero de 2006. Vásquez, un agricultor sin vínculos con grupos armados, fue sacado de su vivienda por soldados del Batallón de Infantería #46. Posteriormente, fue asesinado y presentado como un guerrillero abatido en combate en la zona de Guineo Alto.
La Comunidad de Paz, fundada en 1997, cuenta con medidas de protección de la Corte Interamericana desde 2005. Pese a ello, ha sufrido más de 300 homicidios en su historia.
En 2009, un juzgado penal condenó a varios militares por el crimen de Edilberto. En 2010, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia. Años después, la familia demandó al Estado. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que no hubo combate, sino una ejecución extrajudicial.
El Ejército apeló la decisión, alegando que los militares actuaron por cuenta propia. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó esta defensa. Según el fallo, el homicidio ocurrió en estado de indefensión, constituyendo una grave violación de derechos humanos.
El abogado de la familia, Javier Villegas Posada, destacó que Vásquez fue víctima de un falso positivo. Según Villegas, este crimen refleja un patrón recurrente en las Fuerzas Armadas. Aunque estas acciones no son consideradas una política estatal, tampoco son hechos aislados.
En los últimos meses, el Consejo de Estado ha emitido otras cuatro condenas relacionadas con falsos positivos. Estos casos ocurrieron en Antioquia, Caldas y Sucre, todos representados por Villegas.
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— Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) November 21, 2024
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