La propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón de implementar una sobretasa en las facturas de energía para financiar proyectos de seguridad sigue generando polémica. A pesar de haber sido radicada nuevamente ante la Asamblea Departamental el pasado 12 de noviembre, líderes políticos y gremios empresariales han expresado su oposición.
El gobernador busca recaudar 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027 para fortalecer la seguridad en el departamento. Los recursos se destinarían al aumento de la fuerza pública y a la mejora de infraestructura tecnológica para combatir grupos armados ilegales. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que, aunque mantiene una relación institucional con la Gobernación, no respalda la iniciativa. “La gente ya paga altas tarifas por la energía. Hay que evaluar si jurídicamente EPM podría cobrar este tributo a través de las facturas”, comentó. Gutiérrez subrayó que no es momento de aumentar la carga económica de los ciudadanos.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, se unió al rechazo empresarial al calificar la sobretasa como una carga adicional que afecta la competitividad de las empresas. “Es difícil ser formal en un país con tantas tasas impositivas. Urge flexibilizar la carga tributaria en lugar de incrementarla”, afirmó.
Rechazamos la propuesta de sobretasa a los servicios públicos para hogares y empresas en Antioquia. Nuestra directora ejecutiva @Majobernalgavi1 explica las razones ▶️⬇️ pic.twitter.com/T0ZVV8IiVn
— Fenalco Antioquia (@Fenalcoant) November 16, 2024
El Comité Intergremial de Antioquia también criticó la propuesta y exigió al Gobierno nacional asumir su responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos. Según el gremio, la solución no debe recaer exclusivamente en los habitantes y empresarios del departamento.
De momento, los diputados departamentales han recibido la solicitud de buscar alternativas de financiación que no impliquen nuevos impuestos. La discusión continuará en la Asamblea, mientras las voces de rechazo siguen sumándose en el ámbito político y empresarial.
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