La Fiscalía General de la Nación ha asumido la investigación contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una denuncia interpuesta por John Jairo Turizo Hernández. Los magistrados son acusados de prevaricato por formular cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, presuntamente por violación de los topes electorales durante las elecciones de 2022.

Extralimitación de funciones

Según la denuncia, los magistrados del CNE habrían excedido su competencia al investigar al presidente Petro, ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entre los magistrados señalados se encuentran Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Alfonso Campo, quienes redactaron la ponencia que abrió la investigación. Otros magistrados involucrados incluyen a Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y César Lorduy, quienes respaldaron la formulación de los cargos con algunas aclaraciones en sus votos.

El foco de la investigación se centra en una supuesta violación de los topes de financiamiento electoral, que habrían sido superados por más de 5.000 millones de pesos en la campaña de Petro. En concreto, se registró un exceso de 3.709 millones de pesos en la primera vuelta y de 1.646 millones de pesos en la segunda vuelta.

Investigaciones adicionales

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia también examina otras denuncias relacionadas con la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Uno de los aspectos en investigación es el uso de vuelos en aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que no presentó los permisos de vuelo exigidos y anuló varias facturas electrónicas. Además, se analiza la posible relación entre la campaña y la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado estos vuelos.

Otro punto de interés es el pago a más de 60.000 personas que trabajaron como testigos electorales durante la segunda vuelta de las elecciones. Se está evaluando si la información financiera relacionada con estos pagos fue debidamente reportada en la plataforma «Cuentas Claras». Entre los presuntos aportantes no reportados figuran el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO).

Debate sobre la competencia del CNE

La defensa de los magistrados argumenta que la investigación no se dirige contra el presidente Petro en su calidad de jefe de Estado, sino contra su campaña electoral. No obstante, varios expertos en derecho, como Alfonso Portela y Fabio Humar, sostienen que cualquier investigación que involucre al presidente debe ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, dado que el mandatario goza de fuero presidencial.

La controversia ha suscitado un intenso debate en los círculos políticos y judiciales sobre los límites de las competencias del CNE y la Comisión de Acusación, con la posibilidad de que la Corte Constitucional sea la encargada de resolver finalmente el caso.