Desde este domingo, la capital colombiana implementa racionamiento diario y sanciones de hasta $1.2 millones

Ante la severa crisis de agua en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció un nuevo esquema de racionamiento que comenzará este domingo, junto con multas de hasta $1.213.000 por el desperdicio del recurso, buscando promover un uso responsable del agua entre los ciudadanos.

La situación hídrica en Bogotá ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a la administración local a reactivar un esquema de racionamiento que se implementará desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre. Los cortes de agua, que durarán 24 horas, comenzarán a las 8:00 de la mañana y se realizarán cada diez días por diferentes zonas de la ciudad. Esta medida busca garantizar la equidad en la distribución del agua ante la creciente demanda y el impacto del fenómeno de El Niño.

Además del racionamiento, las autoridades han establecido sanciones significativas para quienes sean sorprendidos desperdiciando agua. Según la Ley 1801 de 2016, los infractores enfrentarán multas de $694.000 por la primera infracción, y en casos de reincidencia, las multas pueden ascender hasta $1.213.000. Las restricciones se enfocan en actividades como el lavado de vehículos, fachadas y el riego de jardines, las cuales solo podrán realizarse con agua de lluvia o reciclada.

La decisión del alcalde Galán responde a una crisis que ha afectado el suministro de agua en varios sectores de la ciudad. Los niveles de los embalses han disminuido drásticamente, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y las autoridades. La implementación de este esquema de racionamiento es vista como una medida necesaria para preservar el recurso y asegurar su disponibilidad en el futuro.

El decreto también incluye la prohibición de captar agua de fuentes hídricas sin autorización y arrojar contaminantes en cuerpos de agua. Las autoridades han prometido realizar operativos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de estas normas y sancionar a los infractores, resaltando que el bienestar de la población depende de un uso responsable del agua.

La reacción de los ciudadanos ha sido mixta. Algunos apoyan las medidas, reconociendo la urgencia de cuidar el agua, mientras que otros expresan su preocupación por el impacto en su vida diaria, especialmente en un contexto donde muchas familias ya enfrentan dificultades económicas.

La implementación del racionamiento de agua en Bogotá y las sanciones por desperdicio son respuestas críticas a una crisis que requiere acción inmediata. La colaboración de la ciudadanía será fundamental para garantizar el éxito de estas políticas. Si bien las restricciones pueden resultar incómodas, son esenciales para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico en el futuro. Enfrentar esta crisis es un desafío colectivo que determinará el acceso al agua potable y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá en los años venideros.