A pesar de los esfuerzos recientes en la restitución de tierras en Antioquia, las víctimas de violencia y despojo aún esperan justicia. Los terrenos donde se construyen los puertos de Urabá, como Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, revelan una historia de retrasos y promesas incumplidas.

Antioquia acumula 25.890 solicitudes de restitución de tierras, pero solo 3.415 casos han sido resueltos, lo que representa apenas el 13.2% del total. A nivel nacional, la situación es aún más crítica: de 156.276 solicitudes, solo 15.812 han obtenido una sentencia, alcanzando un escaso 10%.

Avances y brechas en la restitución

Durante la administración de Iván Duque (agosto 2020 a julio 2022), en Antioquia se restituyeron 8.536 hectáreas, beneficiando a 610 familias. Bajo el gobierno de Gustavo Petro (agosto 2022 a julio 2024), la cifra aumentó a 22.700 hectáreas, favoreciendo a 924 familias. Sin embargo, la restitución va más allá de devolver tierras. La Fundación Forjando Futuros, que ha representado 139 casos, ha logrado 88 sentencias. Aún así, el 30% de estas viviendas no se han construido, a pesar de fallos judiciales emitidos desde 2018.

Esta situación mantiene a muchas familias en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

Un llamado urgente

La Fundación Forjando Futuros pide a las autoridades acelerar los procesos judiciales y administrativos, y cumplir con las órdenes pendientes que favorecen a las comunidades. El retraso en la restitución no solo perpetúa la impunidad, sino que también pone en riesgo el desarrollo de megaproyectos en Urabá, como los nuevos puertos, cuya viabilidad a largo plazo depende de resolver los conflictos de tierras.
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