El consumo fraudulento de agua en el Valle de Aburrá y Rionegro, zonas donde EPM presta el servicio de acueducto, ha alcanzado niveles alarmantes. Según la empresa, el volumen de agua hurtado durante el último año equivale al suministro completo de un municipio como Bello por un año.

El Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) en el sistema de acueducto de EPM ha crecido de manera constante en los últimos años, superando en varias ocasiones los límites establecidos por la regulación. A agosto de 2024, el IPUF alcanzó los 6,89 m³ por usuario al mes en el Valle de Aburrá y Rionegro, lo que se traduce en pérdidas equivalentes al 35,18% del agua suministrada anualmente. Estas pérdidas, que incluyen fraudes y fugas, suman 117 millones de metros cúbicos, el equivalente a llenar 10 veces el embalse de La Fe en El Retiro.

Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, advirtió que el robo de agua no solo afecta la calidad del servicio, sino que también pone en riesgo la infraestructura y disponibilidad del recurso. «A largo plazo, esta situación amenaza la sostenibilidad y seguridad hídrica del territorio», afirmó Ochoa.

Impacto

Las conexiones ilegales no solo impactan las finanzas de la empresa, sino que también provocan daños en la red, lo que genera fugas y reduce la presión del agua para los usuarios. Estas pérdidas incrementan los costos operativos y obligan a realizar mayores inversiones en infraestructura, lo que podría traducirse en un aumento en las tarifas para los usuarios. Además, el estrés adicional sobre las fuentes hídricas podría provocar, a futuro, insuficiencia hídrica en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá y Rionegro.

Para mitigar estas pérdidas, EPM ha intensificado sus esfuerzos mediante la detección de fugas, la gestión de presión, y la reparación y modernización de las redes de distribución. En cuanto a la reducción de fraudes, la empresa ha implementado controles exhaustivos, fomentado el uso del servicio de Agua Prepago y formalizado lavaderos informales, entre otras medidas.

Asentamientos informales, un foco crítico

Las viviendas en asentamientos informales, que acceden de manera ilegal al agua, consumen en promedio 29 metros cúbicos al mes, lo que representa un uso 2,5 veces mayor al de un hogar residencial regular. EPM estima que cerca de 40 mil viviendas en estos sectores se conectan ilegalmente al sistema, generando pérdidas anuales de aproximadamente 14 millones de metros cúbicos.

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