En una audiencia reservada realizada en Medellín, víctimas de la Unión Patriótica (UP) solicitaron a miembros de la fuerza pública más información sobre los crímenes cometidos en su contra en Urabá. Estas personas, acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Subcaso Urabá del Caso 06, expusieron sus demandas de verdad y responsabilidad por las versiones entregadas por 13 comparecientes.

Los días 16 y 17 de septiembre, 25 víctimas participaron de manera presencial y por medios virtuales en la audiencia, cuyo objetivo es establecer la responsabilidad penal individual por la violencia ejercida contra la UP en Urabá, entre abril y diciembre de 1996. Entre los posibles implicados figuran miembros de la Décimo Séptima Brigada del Ejército.

Las víctimas centraron sus observaciones en las 48 versiones entregadas entre marzo de 2021 y agosto de 2023 por exmiembros de la fuerza pública, entre ellos Rito Alejo Del Río y Javier Antonio Gutiérrez. La Sala de Reconocimiento de Verdad informó que, entre 1996 y 1997, la ofensiva contra la UP fue especialmente intensa, con asesinatos de candidatos, líderes sindicales, comerciantes y otros simpatizantes del partido.

Durante la audiencia, los sobrevivientes de la UP relataron los daños sufridos, tanto físicos como emocionales, así como las afectaciones en sus comunidades. Además, pidieron a los comparecientes ampliar detalles sobre la persecución al partido, la estructuración del plan criminal y la implicación de otros actores responsables.

Los datos

Las víctimas también instaron a los magistrados a considerar el contexto regional de la violencia contra la UP, que en las elecciones de 1986 se había consolidado como la segunda fuerza política de Urabá. Las observaciones de esta audiencia se integrarán al expediente judicial, mientras la Sala de Reconocimiento de Verdad busca garantizar el derecho de las víctimas a una verdad plena y una participación efectiva en el proceso.

En el Auto 75 de 2022, la JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1984 y 2016 en ataques dirigidos contra la UP, en su mayoría por paramilitares y agentes del Estado. De este total, 4.616 fueron homicidios y 1.117 desapariciones forzadas, con el desplazamiento forzado como la segunda forma más común de victimización, con 2.217 casos.

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