Una reciente denuncia de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente revela la presencia de una estructura criminal, aún no identificada, que ha comenzado a patrullar varios corredores en cuatro municipios, generando alarma en la región.
Los individuos, equipados con armas largas, están realizando patrullajes en jurisdicciones como Sonsón y Carmen de Viboral, según informó la organización.
En una publicación en la red social X, la Mesa de Derechos Humanos alertó sobre la gravedad de la situación: «Oriente cuenta con 3 batallones, 3 distritos de policía y la nueva estrategia EMPAS del gobernador, pero la realidad para las comunidades es el peligro constante por el control armado y la presencia de estructuras ilegales en toda la subregión».
El comunicado resalta que estas acciones violentas se están manifestando en diversas zonas del Oriente antioqueño, incluidas áreas como los cañones de Río Verde, Santo Domingo, El Melcocho, Aquitania, La Danta y San Miguel. A pesar de estas circunstancias, la región carece de una respuesta institucional efectiva para proteger a la población.
La Mesa de Derechos Humanos subraya que esta problemática es, en gran medida, resultado de la inacción de las autoridades. Por ello, responsabilizan al Gobernador de Antioquia, al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública por cualquier acto violento que pueda afectar a la población civil en el futuro.
