La Unidad Investigativa de Nación Paisa conoció de la existencia de un megacontrato que hasta el momento no reflejaría mayores resultados, se adjudicó de manera directa y al parecer pondría a pagar más impuestos a algunos de los más vulnerables del departamento, mediante valorización y catastro.

El catastro y el recálculo de predios en Antioquia son esenciales para una administración eficiente del suelo urbano, como parte del motor financiero del departamento. Con más de 522 mil predios en municipios como Abejorral, Guarne, Necoclí, territorios que por sus características particulares requieren de profesionales con experiencia y no de políticos tradicionales para realizar el juste de los avalúos catastrales.

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Los antioqueños exigen una valoración justa y precisa de los inmuebles, promoviendo una gestión territorial equitativa y sostenible.

En el gobierno de Andrés Julián Rendón, quien había prometido un cambio real en Antioquia, se ha suscrito un contrato interadministrativo por 175 mil millones de pesos de manera directa para ejecutar el proyecto denominado «Autonomía Territorial y Fortalecimiento Fiscal de los Municipios que Hacen Parte de Catastro Antioquia» (36 municipios), mediante la gestión catastral multipropósito, un proceso que posee un tiempo de ejecución de 20 meses firmado el 22 de abril de 2024. Es decir, este año pondría a pagará a todos los involucrados más impuestos vía valorización del predial.

Se trató de una contratación con la estatal con VALOR + S.A.S entidad pública, que tiene como socio estratégico a empleados del sector la cual fue representada por Ana Cristina Moreno Palacios, ex diputada de Antioquia del Centro Democrático, quien se encuentra vinculada a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal donde la entidad afectada fue Hidroeléctrica Ituango S.A.

Posteriormente, nombraron a David Orlando Quintero Jiménez, quien fue candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Rionegro y es investigado por presunto prevaricato en delitos contra la administración pública, un proceso de juicio oral, hasta ahora sin detenidos.

En la junta directiva de la empresa favorecida se observan nombres de ex concejales del Centro Democrático. una especie de bolsa de empleo para candidatos quemados del Centro Democrático o partidos a fines del gobernador.

El contrato desde su oferta expresa planteó el pago mensual del valor total de los honorarios, mismo que podría ser cerca de los 8.750 millones de pesos.

Ya han pasados 4 meses, este proyecto al parecer no posee un solo informe de socialización con las comunidades y de supervisión, este último se encuentran a cargo de Luis Fernando García Estupiñán (supervisor designado). Esta persona al parecer podría estar inmerso en una posible falta al no ejercer en debida forma el Control que le correspondería hacer en calidad de supervisor.

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Esto no es más que una gestión catastral que va poner a pagar más plata por cuenta del predial. Esto podría impactar negativamente a las regiones al no potencializar las capacidades de estas ciudades en materia catastral y económica  podrían convertirse en un dolor de cabeza para los políticos de turno que estarían detrás del Catastro en Antioquia, toda vez que eventualmente deberán darle la cara a los afectados.

Hasta el momento no se han dejado ver por temor  a la factura que los electores les pueden hacer llegar, pero evidentemente cuando los ciudadanos afectados empiecen a pagar más impuestos la cosa podrá cambiar.

Cabe resaltar que buena parte de la sociedad en los municipios afectados no saben que eventualmente deberán pagar más en impuestos. El gobernador ha insistido en presentar ordenanzas que crean más impuestos, los diputados actuales hasta el momento se lo ha negado pero y ¿Qué pasa con el Catastro en Antioquia?

Por: Jeisson Fonseca