Medellín, Antioquia (Colombia), jueves 20 de junio de 2024. ¿Procuradora de bolsillo? la señora Margarita Cabello Blanco, quien fue elegida en el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, e hizo parte del Partido Centro Democrático, volvió a ser noticia, dado que la Procuraduría que preside ahora pidió que se archive investigación de sus excopartidarios por haber donado dineros a la Vaca por las vías 4G en Antioquia.

Nuevamente la Procuraduría General de la Nación se pone de parte de los partidos de derecha en Colombia, solicitando formalmente al Consejo de Estado que no acceda a la demanda de pérdida de investidura de los diez congresistas que evidentemente entregaron dineros a la Gobernación de Antioquia para la construcción de las vías 4G.

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La petición del abogado Carlos Mario Patiño, demandante del caso sigue por ahora en estudio por parte de los magistrados y habrá que esperar el veredicto para ver si los senadores y representantes a la Cámara Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio del Centro Democrático y Julián Peinado del Partido Liberal, pierden su investidura.

El Consejo de Estado analiza las pruebas para determinar si en verdad los congresistas incurrieron en una falta al hacer la donación. Los congresistas podrían perder su curul, aún si retiran el dinero de la vaca.

Entre los argumentos de la demanda, se solicita la suspensión del decreto que autorizó la «vaca». No obstante, según el Tribunal de Antioquia, no se accedió a suspender el decreto.

Un día antes de la decisión favorable para la Gobernación, el ex concejal Alfredo Ramos fue nombrado por el Gobernador Andrés Rendón como gerente de la campaña de recaudación para las vías 4G, que ha acumulado 5.500 millones de pesos.

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La audiencia de pruebas del 22 de mayo incluyó testimonios del subsecretario de Hacienda de Antioquia, quien indicó que los fondos no fueron a una fiducia sino a una cuenta de depósito, integrando así el patrimonio del ente departamental.

La defensa de los senadores Andrés Guerra, Esteban Quintero y el representante Jhon Jairo Berrío argumentó que no existen pruebas de aportes voluntarios por parte de los congresistas, a pesar de sus publicaciones en redes sociales sobre las donaciones. El abogado demandante insiste en que los congresistas actuaron negligentemente y con dolo.

La comunidad política y el público general siguen atentos al desenlace de este polémico caso que pone en juego la investidura de importantes figuras del Congreso.