Hacer empresa en Colombia es casi un imposible. Cuando alguien se anima a emprender se debe preparar para recorrer, literalmente, un verdadero viacrucis que, en el mayor porcentaje de probabilidades (lo demuestras las estadísticas oficiales), lo dirigirá al calvario de la quiebra. Y créanme que no estoy exagerando, más de 50% de la empresas que se abren en Colombia, no solo emprendimientos, no alcanza a superar los cinco años de existencia legal y de funcionamiento real y productivo.

Este camino de dolor del empresario tiene como primera estación el acceso a la financiación. Las altas tasas de interés para iniciar un emprendimiento en Colombia, no tienen arrimadero. Acceder a una cooperativa, a un banco o a una entidad oficial de supuesto fomento, con tasas del 20 ó 25% anual (que contrasta con tasas de 7% en países del primero mundo) impide que haya posibilidades ciertas de sobrevivencia y de rentabilidad en cualquier actividad lícita. No obstante, el empresario con su espíritu indomable, sigue adelante, resiste y algunos logran pasar a la siguiente estación.

Ese segundo momento del camino al calvario se ve enmarcado por la aparición de los “ángeles de la quiebra”: la Dian, los Tratados de Libre Comercio mal negociados, el contrabando (técnico y real), las extorsiones, la competencia desleal, las altas cargas tributarias y, por supuesto, la falta de condiciones para la productividad y competitividad en un mercado global, digital y en constante transformación, que en su conjunto crean el caldo de cultivo de la inviabilidad empresarial.

En cuanto al primero, la Dian, es claro que históricamente su papel ha sido estrictamente represivo y sancionador. Nunca se ha observado una política de creación de cultura de la tributación ni de apoyo y orientación al contribuyente. El contacto de la Dirección de Impuestos es, quizá, el más terrorífico mensaje que se pueda encontrar en una bandeja de entrada de un correo electrónico, pues llega a cobrar o a informar que va a denunciar penalmente.

De otro lado, los tratados de libre comercio mal negociados impidieron que se protegiera la industria nacional e hicieron imposible que un emprendedor local llegara a cumplir con los estándares internacionales con los que cuentan los empresarios de países desarrollados.

Y ni hablar del efecto que el contrabando tiene en el desarrollo empresarial del país. Pues mientras quienes empiezan su emprendimiento deben cumplir con las cargas tributarias de producción y comercialización, los delincuentes las burlan y se quedan con ellas, vendiendo los productos más baratos y sacando del mercado a quienes actúan lícitamente.

Esto, sumado a las extorsiones que actualmente sufren miles de pequeños empresarios, agotan la caja y la paciencia de los que emprenden la épica labor de hacer empresa en este país y quienes, a pesar de ello, aún resisten, pasan a la estación final del viacrucis donde, ahí sí, se forma el “colador” de la supervivencia empresarial: la falta de condiciones para la productividad y competitividad que hacen imposible que lo que se produce en Colombia se puede fabricar a menor costo y vender a menor precio.

En efecto, la falta de acceso a tecnología, a la capacitación especializada del talento humano, la ausencia de vías e infraestructura aérea y terrestre para la logística y transporte de bienes y servicios no nos dejan competir.

De manera pues que si queremos hablar y salvar la economía popular tenemos que mejorar el acceso a financiamiento, reducir la burocracia, proporcionar apoyo tecnológico, fomentar la capacitación, disminuir las cargas tributarias, generar infraestructura y crear una legislación que facilite la realización de negocios. Estos, sucintamente, son los pasos clave para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de estas empresas vitales para la economía regional. Sin eso, no hay nada, estimados amigos.

Por: Rodolfo Correa Vargas, Presidente de Acopi