Por estos días, ha tomado mucha relevancia la gestión de recolección de basuras en la ciudad de Medellín. Durante la semana anterior, hubo un constante choque entre el actual alcalde, Fico Gutiérrez, y representantes de la oposición, sobre todo con el exalcalde Daniel Quintero, por este problema.
Lea también: Polémica de la semana: las basuras en Medellín
Un nuevo punto se sumó a esta discusión, esta vez por un contrato millonario de Empresas Varias (Emvarias), que estaría en manos de un empresario italiano. A través de su cuenta de X, el alcalde hizo referencia a un artículo publicado por El Colombiano sobre esta situación, describiendo el hecho como otra mala herencia recibida por parte de la administración saliente.
En dicho artículo fue mencionado el nombre de Fabio Mascialino, como el empresario principal en la apertura de un contrato por 200 mil millones de pesos. Este, adjudicado en la administración anterior tendría como propósito sacar adelante un piloto de recolección de basuras en dos comunas de la ciudad.
La crítica hecha por Fico Gutiérrez
Otra mala herencia que recibimos.
La gestión de @Emvarias quedó marcada por clientelismo, politiquería y corrupción.
El contrato de carga lateral tenía el único objetivo de beneficiar a unos poderosos.
Eso sí, teniendo el tiempo y la plata, no adecuaron el vaso “La Piñuela” en… https://t.co/oQ8MKg5dVR— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 21, 2024
Según un artículo publicado por Europapress en enero de 2017, la Unión Nacional de Caballeros de Italia (UNCI), conocida institución italiana, otorgó sus galardones el 13 de noviembre de 2016, destacando como uno de los premiados Fabio Mascialino, con la distinción Honor y Mérito y que vienen entregando desde hace más de dos décadas. Sin embargo, en contraste con otro artículo publicado por el diario Infobae en 2019, Mascialino habría sido investigado por fraude en la justicia italiana.
El alcalde Fico Gutiérrez ha reiterado denuncias de corrupción en Emvarias, señalando el polémico contrato de carga lateral. Alega que este acuerdo favorece a influyentes empresarios vinculados al poder central en Colombia.
