En 2024, el Gobierno Nacional priorizará la reducción de la pobreza mediante el programa Renta Ciudadana de Prosperidad Social, abarcando universalmente al grupo A del Sisbén. Este proyecto beneficiará a cerca de tres millones de hogares, extendiéndose especialmente a regiones históricamente marginadas y con altos índices de desnutrición infantil, como Chocó y La Guajira.
De acuerdo con Laura Sarabia, directora de la entidad, “es la primera vez que un programa de asistencia de transferencias monetarias atiende toda la población en pobreza extrema. La idea es que podamos tener cada 45 días un pago de entre 300 y 500 mil pesos, de acuerdo a si es una madre cabeza de hogar o una persona con discapacidad”.
Objetivo de la Renta Ciudadana
Como lo anunció en septiembre pasado el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X, “el objetivo de la Renta Ciudadana, de hasta medio millón de pesos mensuales a madres cabeza de familia, es disminuir sustancialmente la desnutrición infantil”.
Empezo a llegar la renta ciudadana a las familias Wayúu del norte de la Guajira.
El objetivo de la renta ciudadana, medio millón de pesos mensuales a madres cabeza de familia, es disminuir sustancialmente la desnutrición infantil. pic.twitter.com/oZRSlDdRFe
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2023
Sarabia recalcó que actualmente el programa no requiere inscripción: “todo el andamiaje del Gobierno Nacional y del Estado como tal ubica a la persona que está en pobreza, en condiciones vulnerables, y podremos atenderla de manera real y eficiente”.
La directora indicó que se estarán evaluando las corresponsabilidades de cada hogar y sobre todo con el Registro Universal de Ingresos poder determinar realmente las condiciones de vida de esas personas.
“El presidente nos ha dicho que no es llevar el Estado a los territorios, sino que de los territorios emerja el Estado, y ese es el objetivo de cada una de nuestras políticas”, agregó Sarabia.
La directora confirmó que el Banco Agrario será el aliado aliado para llevar a cabo las formas de pago. La idea es poder llegar de manera eficiente a los territorios. Sin embargo, fue enfática en que pedirá a todo el sector bancario para tener una mayor cobertura.
A través de información obtenida del Sisbén y de todas sus actualizaciones, el gobierno podrá “tener un control de cada una de las corresponsabilidades en materia de generación de ingresos, de educación y de salud”, precisó la directora de Prosperidad Social.
En el último ciclo de pagos del programa, que inició el 27 de diciembre pasado, el Gobierno invirtió más de 1 billón de pesos ($1´044.083.920.000), destinados a 2.523.085 familias bancarizadas y no bancarizadas.
