El Tribunal Superior de Buga (Valle del Cauca) condenó al coronel (r) del ejército Jorge Alberto Amor Páez a 31 años y 11 meses de prisión por su participación en una acción criminal que dejó 24 personas muertas, el 10 de octubre de 2001, en zona rural de Buga
La decisión revocó un fallo en primera instancia que había absuelto al oficial del caso, y lo declaró responsable del delito de homicidio en persona protegida. Le impuso, además, una multa de 2.230 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 15 años y 10 meses. Asimismo, dispuso la captura inmediata para que cumpla le pena en establecimiento carcelario.
¿Porqué condenaron al excomandante del ejército?
Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la incursión violenta de una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a las veredas La Habana, Alaska y La Magdalena. Hombres armados con fusiles recorrieron varios inmuebles, agruparon a 24 pobladores señalados equivocadamente de colaborar con otras organizaciones criminales que delinquían en la región, y les dispararon de manera indiscriminada.
El fiscal de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos reveló que el coronel Amor Páez ignoró denuncias previas de la comunidad sobre actividades de grupos paramilitares en Buga. Las pruebas indican que desatendió alertas sobre patrullajes, retenes y hostigamientos en la zona rural, contribuyendo así a la tragedia.
#ATENCIÓN | La #Fiscalía logra condena ejemplar en contra de excomandante del batallón Palacé del Ejército Nacional por la muerte de 24 personas en #Buga, Valle del Cauca. El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez omitió su deber de proteger a la población civil y facilitó el… pic.twitter.com/E76II2Azo1
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 7, 2024
El excomandante del Batallón Palacé del Ejército Nacional fue condenado al evidenciarse que, durante su cargo, incumplió su deber constitucional de proteger a la población civil. La Fiscalía demostró que omitió tomar medidas de control territorial y desatendió alertas de los campesinos sobre puntos críticos. En lugar de dirigir a las tropas hacia áreas señaladas, ordenó trasladarse a zonas alejadas, facilitando así la perpetración de la masacre en Buga en 2001. La sentencia destaca la negligencia del oficial, responsable de la muerte de 24 personas al no actuar conforme a su deber y responsabilidad constitucional.