En el trágico suceso que tuvo lugar en enero de este año en el deprimido Los Músicos del barrio Los Conquistadores en Medellín, la familia de Luis Gonzálo Estrada Suárez y Alexandra Salazar Diosa, víctimas de un fatal incidente de ahogamiento, ha decidido emprender acciones legales.
La demanda va dirigida estrictamente contra el Distrito de Medellín, la empresa de servicios públicos EPM y Emvarias, donde se alega que la tragedia podría haberse evitado y señala presuntas fallas que condujeron a la pérdida de la pareja.
Los demandantes, identificados como los familiares quienes además están consternados y en busca de respuestas, han presentado una demanda que busca de una reparación por la muerte de las víctimas, solicitando una compensación de 1.800 millones de pesos.
Argumentos de la demanda:
Los familiares aseguran que las entidades mencionadas son responsables de las presuntas fallas que contribuyeron al trágico desenlace y que estas deben ser abordadas para prevenir futuros incidentes similares.
Cabe recordar que en múltiples ocasiones varios sectores de la ciudad han tenido diversos incidentes y accidentes por lluvias e inundamiento en las vías que ha desencadenado todo tipo de problemáticas a nivel víal para los conductores, lo que supone preguntarse también si existe algún tipo de negligencia en dar solución a estas problemáticas.
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Por otro lado y en términos legales, el proceso de demandar a un distrito o ciudad involucra la presentación de argumentos sólidos respaldados por evidencias convincentes.
Parte de los elementos clave que un individuo puede presentar en una demanda incluyen alegatos de negligencia, incumplimiento de deber, fallas en la infraestructura y daño causado.
¿Cómo deberá responder la ciudad?
La ciudad, en su respuesta legal, deberá abordar estos argumentos presentados y proporcionar defensas sólidas, destacando medidas de mantenimiento y cumplimiento de normativas.
En caso de que la justicia responda a favor de la familia, podría establecerse un precedente importante en términos de responsabilidad de las entidades gubernamentales y de servicios públicos.
Así pues que si esta denuncia resultara favorable para la familia de las víctimas, no solo podría resultar en compensación económica, sino también en la implementación de cambios sustanciales en las prácticas y protocolos de seguridad de las entidades demandadas.
Esta situación también es un llamado para que casos como los que vienen sucediendo por afectaciones de aguas en las vías sean enfrentados de manera eficiente no solo por la ciudad sino también por las entidades encargadas de mantener un protocolo de acción eficiente para evitar este tipo de desenlaces.
