Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un Juez de Control de Garantías dictó medidas de aseguramiento en centros carcelarios para siete individuos pertenecientes a la Policía Nacional. Estos efectivos enfrentan acusaciones por llevar a cabo acciones ilegales con el propósito de favorecer a personas detenidas por la venta y distribución de drogas en pequeñas cantidades en el sur de Bogotá.
Los implicados incluyen al subintendente José Misse Archila, así como a los patrulleros Miguel Andrés Díaz Díaz, Manuel Velilla Daza, Jonathan Díaz Avila, Cristian Calvo Prieto, Julián Abogado Sáenz y Cristian Quintero Millán.
Las pruebas recolectadas sugieren que estos funcionarios, adscritos a la estación de policía de la localidad de Ciudad Bolívar, habrían solicitado sumas monetarias diversas para permitir la liberación y evitar la presentación de traficantes de drogas de los barrios Compartir y Lucero ante la Fiscalía.
Además, se ha establecido que en algunas ocasiones se llevaron a cabo procedimientos irregulares para incautar sustancias ilegales, armas y otros objetos con la intención de obtener ganancias económicas.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado indicó que, «se estableció que en algunas oportunidades habrían realizado procedimientos irregulares para apoderase de sustancias ilícitas, armas y otros elementos que les representaran ganancias económicas».
Un Fiscal de la Seccional Bogotá formuló cargos contra los uniformados, de acuerdo con su presunta participación y responsabilidad en los hechos bajo investigación. Los delitos imputados abarcan cohecho propio, tráfico y fabricación de estupefacientes, tráfico de influencias de servidor público, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas, privación ilegal de la libertad, abuso de la función pública, concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la integridad y la legalidad en las instituciones de seguridad, así como la determinación de la justicia en Colombia de tomar medidas enérgicas contra cualquier acto de corrupción o abuso de poder.
