En un operativo denominado “Júpiter”, personal del Grupo de Investigación contra Estructuras del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal y INTERPOL, junto con personal de inteligencia policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron importantes resultados contra el crimen organizado en Medellín.
Se logró la aprehensión de cinco personas investigadas por delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir agravado, explotación de menores de edad y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros; como parte de la iniciativa de seguridad integral «Plan Choque, Seguridad 360″.
El grupo delinquía al noroeste de Medellín poniendo en riesgo a la población debido a sus actividades delictivas que suponen una grave amenaza para la vida.
Mediante la ejecución simultánea de cinco órdenes de allanamiento e incautación en el barrio de Robledo, perteneciente al Distrito 7, la Policía pudo capturar a cinco personas que eran buscadas por orden judicial y las cuales se enfrentan a cargos relacionados con concierto para delinquir agravado, explotación de menores para actos delictivos, tráfico de estupefacientes, fabricación o porte de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego.
Entre los detenidos se encuentran alias ‘lechero’ o ‘tío’, con 11 años en la organización, ‘gordo» o ‘Daniel’, ‘Paula’ y ‘Alejo’ o ‘Chuga’, los cuales llevaban cinco años en esa banda. Estos coordinadores eran responsables de regular la cadena local del narcotráfico, extorsionar a los comerciantes locales y ejercer control territorial en el Distrito 7, particularmente en barrios como Palenque, Cucaracho, Pajarito, así como zonas como La Pola, Campiña y Cádiz. También tuvieron influencia en los Distritos 1 y 2 de Medellín y los Distritos 10 y 11 del municipio de Bello.
Estos detenidos presuntamente desempeñaron un papel en los conflictos internos al interior del grupo criminal, ocurridos en noviembre y diciembre de 2022; estos conflictos resultaron en más de 10 homicidios y desplazamientos en la región. Los miembros del grupo criminal habrían obtenido ingresos criminales por aproximadamente 600 millones de pesos mensuales, lo que les permitiría sostener sus operaciones en el tiempo.