Después de varios días de asamblea por diferentes municipios de La Guajira, en la que participaron más de 800 personas, la comunidad wayúu hizo fuertes reparos a la reforma a la salud que pretende implementar el Gobierno Nacional, por decreto en ese departamento, y le piden al mandatario realizar un proceso de consulta previa.

El pueblo wayúu rechaza acogerse al sistema de salud propuesto por el Estado, “el Gobierno del Presidente Gustavo Petro nos obliga a que seamos atendidos en una red pública de salud no indígena de la Guajira carcomida por la corrupción e invita a volver al pasado, en donde se nos atendía por caridad”, aseguró Jesualdo Fernández, Palabrero y vocero de la comunidad wayúu.

El líder de la autoridad indígena expresó, además, que quieren “dialogar para llegar a un acuerdo, porque según como está actualmente, en materia de salud, el decreto 1270 del 31 de julio de 2023, que declara la emergencia económica, social y ecológica; se violenta el derecho fundamental a la consulta previa de nuestras comunidades y destruye los artículos del 74 al 84 del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), contemplados en el decreto 1953 del 07 de octubre de 2014, que fueron consultados entre los pueblos indígenas en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior”.

En este orden de ideas, la comunidad indígena de La Guajira acordó defender, mediante los litigios estratégicos y el derecho a la protesta pacífica sus derechos a la salud, por intermedio de sus estructuras propias de salud regidas por los Territorios Indígenas.

“Nuestros sistemas propias de salud y de propiedad de los Territorios Indígenas como La EPS Dusakawi EPSI y 23 IPS indígenas y que fueron creadas por el pueblo Wayúu desde hace más de 26 años,  desaparecieron inmediatamente con este nuevo decreto del Gobierno Nacional, vulnerando flagrantemente el decreto 1953 de 2014 y los artículos 2,4,6,7,24 y 25 del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT”, concluyó Fernández.

Finalmente, sostienen que el decreto de emergencia económica, social y ecológica de La Guajira está mal establecido, puesto que no cobija  a todo el departamento, dejando por fuera principalmente a municipios del centro y sur de La Guajira.