En medio de un escándalo que ha generado fuertes críticas, el Gobierno colombiano se encuentra sumido en una crisis tras las presuntas actuaciones de la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Estas acciones estarían relacionadas con interceptaciones telefónicas ilegales y el sometimiento a polígrafo de la ex niñera Marelbys Mesa.
En respuesta a estos acontecimientos, Federico Gutiérrez, político de oposición ha anunciado en sus redes sociales que buscará que se investiguen posibles delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, señalando incluso la posible implicación de dineros provenientes del narcotráfico. Además, solicitará a la Fiscalía respaldo institucional para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre Benedetti, Sarabia y el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de campaña en aquel momento. Según «Fico», el gobierno resultante de estas actuaciones no solo sería ilegítimo, sino también ilegal, y exigió que el presidente Gustavo Petro renuncie.
Estas acciones han sido fundamentadas en las denuncias realizadas por la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, y en la filtración de unos audios protagonizados por Benedetti durante el pasado fin de semana. Dichos audios parecen confirmar las sospechas de un supuesto pacto entre Petro y políticos corruptos, así como la posible participación de narcotraficantes en el éxito electoral del candidato. Benedetti llegó a afirmar en una rueda de prensa que posee información suficiente para acabar con el mundo político de Petro y el suyo propio, y aseguró que los donantes de dinero no eran emprendedores legítimos.
El escándalo ha generado una ola de críticas hacia el Gobierno, y la sociedad colombiana exige una investigación exhaustiva para esclarecer estos hechos y determinar la veracidad de las acusaciones. La confianza en las instituciones gubernamentales se ha visto afectada, y se espera que la Fiscalía tome medidas rápidas y contundentes para abordar esta situación.
En medio de la incertidumbre y las acusaciones que rodean al Gobierno colombiano, queda por determinar las consecuencias que estos eventos tendrán en el panorama político del país y en la campaña presidencial de Petro, quien ahora se enfrenta a serias dudas sobre la legitimidad de su financiación y los posibles vínculos con el mundo de la corrupción y el narcotráfico.
