Hablar de arañas, es a hablar de las maniobras que miembros de las fuerzas públicas en Colombia realizan, desde la desarticulación de campos de drogas, como la captura de integrantes de bandas criminales hasta prevenir los ataques que ejecutan los grupos al margen de la ley.

Pero como en todo cuento, no todo puede ser color de rosa, así también estas entiodades han estado envueltas en grandes escándalos el país, desde redes que se encargaban de realizar maniobras ilegales, como la venta de los equipos armamentos como la vinculación directa como jefes paramilitares.

Aunque ya han pasado años de lo acontecido con los falsos positivos, actos violentos en el que se puede llegar a concluir que el 70% de las personas asesinadas eran campesinos y jóvenes que apenas empezaban a soñar. Pero como es de costumbre en su mayoría a la fuerza pública lo único que le importaba era rendir ante el Gobierno, y mostrar que si han logrado acabar con “Grupos ilegales” que azotaban al país.

Es por ellos, que la Jurisdicción Especial para la Paz, crea tres subsalas para definir la situación jurídica de aquellos involucrados del Ejército y la Policía Nacional que no fueron encontrados como máximos responsables en los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (antiguamente conocidos como ‘falsos positivos’) cometidos en la Costa Caribe, el Catatumbo y Casanare, en el marco del Caso 03.

Por otro lado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP es la encargada para lograr definir la situación jurídica de estos comparecientes que fueron integrantes de algunas unidades militares y que no fueron considerados máximos responsables por la Sala de Reconocimiento en graves crímenes que estudia el Caso 03. Por ello, fueron remitidos a la SDSJ a través de los autos SRVR 029 del 23 de febrero de 2022, 040 del 23 de marzo de 2022 y 055 del 14 de julio de 2022.

Así mismo, con estas subsalas tendrán la tarea de revisar otros casos que se salgan del ámbito temporal que investigó la Sala de Reconocimiento y que tengan abierto un proceso en la justicia ordinaria, que hagan parte de las unidades militares tenidas en cuenta en el Caso 03 y que hayan ocurrido en la Costa Caribe, el Catatumbo o Casanare. Lo anterior, con el fin de continuar con el proceso transicional bajo las prácticas o patrones macrocriminales ya determinados, si llega a ser necesario.

Finalmente, se espera que en el futuro de estas subsalas puedan hacer una gran redistribución de las regiones para llevar nuevos trámites no sancionatorios de otros macrocasos que remita la Sala de Reconocimiento para avanzar en el proceso de definición de la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean considerados máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que investiga la JEP.