En el Día Mundial del Agua el Defensor del Pueblo advirtió sobre la gravedad de los riesgos ambientales, sociales y económicos, como los causados por la minería ilegal, cuyo incremento ha afectado la conservación de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que presta a la sociedad.

En Colombia durante el año 2022 al menos un millón y medio de personas consumieron agua en inviabilidad sanitaria o con riesgo alto de afectar su salud, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al conmemorar el Día Mundial del Agua, fecha que si bien ha significado un avance en la tarea de concientizar a la población respecto del cuidado de este recurso vital todavía hay mucho trabajo por realizar, para lo cual se requiere una articulación institucional.

Este dato hace parte del seguimiento que la Defensoría del Pueblo ha realizado, desde hace 13 años, al goce efectivo del derecho fundamental al agua teniendo en cuenta sus características de calidad, disponibilidad y accesibilidad.
Respecto a la calidad del agua, la Defensoría del Pueblo el año pasado llamó la atención a 49 alcaldías para exhortar el cumplimiento de los estándares requeridos para que el agua pueda ser de consumo humano conforme a las características mencionadas.

La revisión preliminar de las cifras reportadas por las autoridades sanitarias para el año 2022 son preocupantes: en zonas urbanas hay 8 municipios cuyos índices de calidad de agua se categorizaron como inviables sanitariamente y 64 cuyo índice se encuentra en Riesgo Alto, afectando el goce del recurso en 17 departamentos aproximadamente. En zona rural los resultados son aún más desalentadores toda vez que el recurso ha sido categorizado como inviable sanitariamente en 32 municipios y en Riesgo Alto en otros 84.

En relación con la disponibilidad del agua, teniendo en cuenta los datos publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos, también es crítico que en 61 municipios del país la cobertura de acueducto es inferior al 15% y en 219 municipios del país (20%) la cobertura es superior al 90%.

En cuanto al servicio de alcantarillado la situación es igualmente grave:: 154 municipios tienen una cobertura por debajo del 15% y sólo el 7,1% de los municipios del país presenta coberturas superiores al 90%, y tan sólo el 50% de las aguas residuales domésticas son depuradas.

Adicionalmente, las presiones antrópicas sobre fuentes de hídricas como la minería ilegal, que implica el uso de mercurio y cianuro, han aumentado los riesgos de exposición de comunidades enteras a agentes carcinogénicos, situación alarmante en la cuenca de los Río Atrato, Cauca, Suratá y Amazonas, entre otros.

“Nos sumamos al llamado que se hace desde Naciones Unidas este año para que los gobiernos y toda la sociedad se unan en el empeño de tener agua limpia y saneamiento básico. En la Defensoría del Pueblo continuaremos adelantando el seguimiento a esta problemática y acompañaremos a las comunidades con el fin de contribuir a la consecución de las metas prevista en la Agenda 2030 en particular para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, concluyó el Defensor del Pueblo.

Municipios más afectados

En una revisión preliminar de los resultados, la Defensoría del Pueblo encontró que en la zona urbana de ocho municipios el promedio anual del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se categorizó como inviable sanitariamente. Estos municipios son Zaragoza, en Antioquia; Morelia, en Caquetá; San Sebastián, en Cauca; Puerto Asís, Putumayo; El Playón, Santander; Suárez y Villarrica, en Tolima; y Carurú, en Vaupés, y en sus zonas urbanas habitan aproximadamente 72.016 personas.