Luego de que se conociera el borrador del proyecto de ley de reforma laboral que propone grandes cambios en la contratación y en las condiciones de trabajo, E.C.O.S la agremiación que agrupa a las empresas de seguridad privada en Colombia, expuso los principales puntos que afectarían la economía para este sector

Actualmente el 65% de los ingresos operacionales se están destinando para cubrir costos laborales y al sumarle un 32% que propone la reforma laboral del gobierno, se convertiría en el 97% de los ingresos operativos que se destinarán para cubrir los costos laborales, lo cual provocaría que el negocio sea insostenible para las empresas de seguridad privada.

Teniendo en cuenta este panorama, «le solicitamos al Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, que nos permita acompañarlo en la definición del proyecto, para que de manera mancomunada se puedan efectuar acciones para reducir los costos en las empresas y garantizar el bienestar de los trabajadores de la industria de la seguridad privada» aseguró
Guillermo Realpe vocero de la agremiación de empresas de seguridad privada E.C.O.S

E.C.O.S que agrupa a más de 900 empresas que dan trabajo a más de 700 mil colombianos, reitera el empeño total como lo exigen las normas y leyes de atender con calidad y servicio, preservando los derechos fundamentales de los trabajadores.

El proyecto de la reforma laboral pretende asegurar la estabilidad para los trabajadores, al limitar las modalidades de contratación, así mismo eliminar la facultad para terminar el contrato laboral sin justa causa. También en el artículo 8 se elimina la posibilidad de terminar con justa causa, en caso de que se llegue a presentar una violación por parte del trabajador, lo cual implicaría que el empleador no lo pueda despedir por violar las normas de la empresa.

A su vez, el empleador, al no poder terminar un contrato sin justa causa, permite que el trabajador podrá elegir el reintegro a la empresa y la indemnización, la cual aumentará, es decir, que las personas que han trabajado durante un año o menos tendrían una indemnización que equivaldría a 45 días trabajados en lugar de 30 que son reconocidos actualmente de manera legal por las empresas en Colombia.