9 personas serán imputadas, incluido el interventor del contrato de concesión.

Después de analizar abundantes elementos materiales probatorios, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, encontró mérito suficiente para radicar solicitud de
audiencia de formulación de imputación contra los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos
esenciales, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.

Los delitos que serán imputados son: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.

La decisión afecta a 9 funcionarios de la ANI para la época de los hechos. Se trata de: Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, como vicepresidente ejecutivo, y los miembros del Comité Asesor
de Asuntos Contractuales: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal,
vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel
Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del
Sol, empresa que ejercía la interventoría el Contrato de Concesión No. 007 del 2010.

A los ocho mencionados anteriormente se suma Luis Fernando Andrade Moreno quien se desempañaba como presidente, ya cuenta con una investigación en etapa de juicio y ahora
recibirá una nueva imputación.

Es importante señalar que con estas imputaciones la Fiscalía cierra el capítulo de las judicializaciones en el caso de la Ruta del Sol III. Lo anterior teniendo en cuenta que ya se han
adelantado investigaciones contundentes por esos mismos hechos y han comparecido ante la justicia empresarios que prestaron sus compañías como vehículos financieros para cometer
ilícitos.

Otros procesados.

• Leonardo Castro y Francesco Stopponi, representantes de Yuma Concesionaria. Habrían subcontratado los estudios y diseños en la fase III con la empresa Consultores Unidos. Por estos hechos se adelanta un proceso penal en su contra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de particular, el cual se encuentra en audiencia preparatoria de juicio oral.

• Eduardo José Zambrano Caicedo, represente legal de la empresa Consultores Unidos. Mediante principio de oportunidad aceptó su responsabilidad en actos irregulares y
haber pagado a través de factura ficticia a la empresa Megaland.

• Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante legal de la empresa Megaland. Fue condenado por el delito de falsedad en documento privado por el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Medellín, el 14 de mayo de 2018.

Tan pronto el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado asumió el cargo, dispuso la creación de un Grupo de Tareas Especiales, a cargo del coordinador de la Unidad de Fiscales
Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para concentrar el proceso que estaba disperso en varios despachos fiscales. Esto ha permitido explorar de manera integral el entramado de
corrupción de la multinacional brasileña en Colombia, identificar frentes investigativos que no se habían tenido en cuenta y actuar contra personas que aparecían relacionadas, pero no había
ninguna acción judicial en su contra.

Desde esa reorganización a la fecha, en los últimos 33 meses, se han llevado a cabo 31 imputaciones (realizadas o en proceso) y se han obtenido 10 sentencias condenatorias.
Las decisiones han afectado a funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos de otros países.