Así lo anunció Álex Ordóñez, jefe de la oficina de Promoción Social, al precisar que «después de recibir las cartas de intención y verificar la viabilidad técnica, en septiembre el Ministerio asignó más de $10.000 millones a 40 entidades territoriales del orden departamental y distrital, con el fin de avanzar en la certificación de discapacidad de su población, así como el registro de localización y caracterización de ésta».
De acuerdo con lo definido en la Resolución 1239 de 2022, el procedimiento de certificación de discapacidad corresponde a la valoración clínica multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que establece la existencia de discapacidad a partir de la identificación de las deficiencias en funciones y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona.
El procedimiento debe realizarse por equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad de las IPS autorizadas por las secretarías de salud del orden departamental y distrital. Éstos deben estar conformados por tres profesionales registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio, e incluir un médico general o especialista y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.
Al detallar el mecanismo de funcionamiento, aseguró que quien acceda al mismo debe tener presente que «el procedimiento de certificación de discapacidad no tiene costo para el solicitante, es totalmente gratuito y no requiere intermediarios«.
Asimismo, explicó la importancia que tiene la información reportada en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, ya que esta sirve para formular, implementar y seguir las políticas públicas, planes, programas y proyectos, orientados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
«El registro sirve como medio de verificación de la existencia de discapacidad o priorización para programas sociales y para el redireccionamiento a la oferta programática institucional, sin que se constituya en una barrera de acceso a la misma. Este registro nos permite ser más asertivos en la atención de la población con discapacidad«, puntualizó.
Los territorios a los cuales se les asignaron los recursos son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Tumaco, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.
