La adjudicación del Canal del Dique, que conecta al río Magdalena con el mar Caribe pasando por 19 municipios y que tiene como finalidad evitar la entrada no controlada de caudal en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, fue suspendida hasta el mes de septiembre.

Así lo indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quién se posesionó este jueves oficialmente en este cargo.

La suspensión del inicio de este megaproyecto fluvial se da en el marco de las recomendaciones de la JEP y la Contraloría, en los temas relacionados con los múltiples asesinatos durante el conflicto armado.

Pues el río Magdalena fue ‘testigo’ de la cantidad de vejámenes, en relación con la cantidad de cadáveres de campesinos y víctimas de las masacres paramilitares.

Asimismo, se espera la presencia de la Comisión Accidental al proceso de adjudicación del Canal del Dique, conformada por nueve integrantes de la Cámara de Representantes.

Quienes tienen el objetivo de hablar con las comunidades, con autoridades locales, gremios y actores relevantes para este megaproyecto, que busca recuperar los ecosistemas degradados, pero también mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región Caribe.

«Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro es fundamental escuchar las preocupaciones que tienen las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique en sus diferentes componentes», señaló el Ministro.

«Y serán clave los aportes que las y los colombianos deseen hacer con relación al proceso durante estos espacios», destacó Reyes.

De esta manera, la misma Comisión de Paz en el informe final del conflicto armado colombiano, bautizó este lugar como un “gran cementerio”, pues según esta comisión a algunos habitantes de esta zona los descuartizaban y los arrojaban al río Magdalena.

«Los paramilitares tenían la orden de que tiraran (los cadáveres de las víctimas) al río para que así no llenaran los pueblos, las carreteras y las fincas de cadáveres, sino que cayeran aquí», explicó a Efe el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux.

Se espera que este informe de la Comisión accidental de Cámara de Representantes se entregue en los próximos días, antes de 12 de septiembre.

Que es el plazo acordado para la adjudicación de esta obra, que ha tenido retrasos no solo por este caso, sino por las innumerables quejas líderes ambientales, como José Vicente Mogollón, exministro de Ambiente, «lo que se ha hecho en es una serie de destrucciones ambientales».

Esta iniciativa tiene un valor cercano a los $3.25 billones y se estima que 1.5 millones de habitantes de los ocho municipios del departamento de Atlántico, 10 de Bolívar y San Onofre (Sucre) se beneficien, con lo que se dejaría de lado el problema latente de inundaciones.

Un problema del cual han sufrido por décadas los pobladores de estas regiones al norte del país.