En el departamento del Guaviare, que históricamente ha sido golpeado por la violencia y los efectos del narcotráfico, los soldados adelantan operaciones de control territorial en el cumplimiento de su misión de salvaguardar la seguridad y soberanía del país sobre la Amazonía, y en la que, a pesar de la vasta selva, se sostiene el esfuerzo del Ejército.

 Así, en el desarrollo de la Operación Mayor José María Córdova, el subteniente Andrés Felipe Cubillos y los uniformados bajo su mando, mientras realizaban control fluvial sobre el río Unilla, en área general del municipio de Calamar, se percataron de una embarcación tipo lancha, en la que se movilizaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes avanzaban a alta velocidad.

El oficial hace un llamado desde su embarcación con señas a estas personas para que detuvieran el motor y así adelantar su respectiva inspección.

La embarcación donde iban estas dos personas no atendió el llamado del Ejército Nacional, por lo que los militares rápidamente en una acción calculada rodean la lancha y cortan su paso buscando que bajaran la velocidad. Al detenerse y procediendo con los protocolos de registro y control, detectaron que bajo unas botellas de cerveza se encontraban unas bolsas, las que al parecer contenían una sustancia similar a la pasta base de coca.

 Estas personas alteradas por el hallazgo del subteniente, quien además también encontró un revólver calibre 38, dinero en efectivo y documentos con presunta información de valor, intentaron evadir su responsabilidad, ofreciendo inicialmente al oficial la suma de 30 millones de pesos en efectivo; ante la negativa del mismo, elevan la suma del soborno a 80 millones de pesos, por permitirles irse del lugar, con los elementos y movilizarse libremente por el río.

El oficial procedió a la captura de estas dos personas, y, tras adelantar las diligencias de rigor, incautaron más de 70 kilogramos de pasta base de coca, un arma corta, dinero en efectivo, documentación, equipos de comunicación y las dos personas, presuntamente miembros de las redes de apoyo a la Estructura residual Primera, fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.